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23042017

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Piden al Defensor del Pueblo que defienda derechos de pasajeros de Peruvian que no tienen abogado

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(Aeronoticias) Walter Nataniel Leguia, Carlos Suarez, Moira Novoa, Eloy Munive, Randy Acuña y Estefanie Suclupe, pasajeros del vuelo de Peruvian, pidieron al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, que informe los derechos constitucionales de tener un abogado a los 106 pasajeros de Peruvian Airlines que la empresa de aviación que hoy los están llamando telefónicamente todos los días para que trancen por por una suma irrisoria sin el asesoramiento de un Estudio de Abogados especializado en asuntos de Aviación.

Dijeron, “que hay 106 pasajeros, sobrevivientes del accidente de aviación de Peruvian Airlines en Jauja del 28/03/2017, que les hicieron firmar horas después del accidente documentos contra su voluntad y violando sus derechos constitucionales de “Recibo de pago a cuenta de liberación de responsabilidad” que la Defensoría del Pueblo debe conocer de la siguiente forma:”

“1º.- Luego del accidente de aviación a las 4:45 los pasajeros perdieron todas sus pertenencias en el incendio y contra el pago de US$ 100 les hicieron firmar contra su voluntad un acuerdo de cancelación y liberación de responsabilidad que adjunto que lo somete a la jurisdicción arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y otro documento de recibo de pago a cuenta de liberación de responsabilidad por el mismo monto”.

“2º.- Los pasajeros han sufrido daño físico y daño moral y existe 3 Pólizas de Seguros y Reaseguros Nº 3201-500268 de RIMAC que tiene una cobertura de un límite único combinado de  US$ 500 millones de dólares y cobertura de gastos médicos de US$ 20 mil dólares por pasajero, existe otra Póliza de Corpac y una tercera de la Boeing en el supuesto en el supuesto que se aplique”.

“3º.- El artículo 41 del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, establece que los Abogados no deben tratar con los pasajeros de un accidente de aviación sino por conducto o por conocimiento previo del Abogado defensor de los pasajeros y nosotros representamos a 35 pasajeros, sin embargo, hay 106 pasajeros que sin Abogado están siendo contactados por los Abogados de la empresa aseguradora para que firmen estos documentos de exoneración de responsabilidad sin el asesoramiento legal que bien le podría dar la Defensoría del Pueblo”.

“4º.- Somos 35 pasajeros que representamos y que hemos pedido al Ministerio de Transportes, a Corpac  y a Peruvian la lista de los 106 pasajeros restantes para que éstos puedan conocer sus derechos a una indemnización justa por daño moral y daño físico y también para que se les active la cobertura de gastos médicos de RIMAC hasta por USD 20,000.oo de la Póliza de Seguros y Reaseguros 3201-500268, a que tienen derecho; pero esta información no la quieren proporcionar y todos los días están presionando a los pasajeros para que sin abogado renuncien a sus derechos constitucionales, lo cual no se puede permitir, es decir nadie debe firmar un documento o una transacción extrajudicial sin ser debidamente asesorados por un abogado y eso es lo que tiene que transmitir la Defensoría del Pueblo a los 106 pasajeros que hoy están indefensos.

“Los pasajeros de Peruvian han creado una página en facebook que ustedes lo pueden ver en https://www.facebook.com/Pasajeros-afectados-en-accidente-Peruvian-Airlines-Jauja-1675199042775504/?fref=ts”.

 

 

 

Constructoras de puentes destruidos tendrían Responsabilidad Civil y deben ser demandadas

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(Aeronoticias) El candidato al Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) para el periodo 2018-2019, Julián Palacin Fernández, expresó que las empresas constructoras de los puentes destruidos en el Fenómeno del Niño que nos azota, habrían incurrido en incumplimiento contractual frente a las Municipalidades y el Estado, por dolo o culpa inexcusable por su obligación de deliberadamente construir mal los puentes, por lo que tenemos que hacer una valorización del resarcimiento de los daños y demandarlos judicialmente.

Se han dado los presupuestos de la responsabilidad contractual de las constructoras, ya que hay autoría, antijuridicidad, imputabilidad, dañosidad y relación de causalidad entre el hecho antijurídico, construcción de los puentes y los daños que han sufrido.

La Contraloría General de la República tiene hoy la carga de la prueba de la Responsabilidad Contractual de estas constructoras y el Estado a través de un Estudio de Abogados especializado en Responsabilidad Civil deberá probar el incumplimiento material de la obligación prometida porque consideramos que el incumplimiento contractual de las constructoras de estos puentes destruidos, violaron la obligación preexistente de su deber específico, concreto de construir puentes de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Los alcaldes que guarden un silencio cómplice frente a la responsabilidad civil de las constructoras tendrían que ser demandados solidariamente por el Estado por su Responsabilidad Civil, asimismo un Alcalde diligente sabe que en las bases de la licitación debe incluir la Responsabilidad Civil de los constructores de puentes y exigirles una Póliza de Seguros y Reaseguros de Responsabilidad Civil reasegurada en el mercado internacional por la cantidad de años que se haya consensuado contractualmente.

El Estado ha pagado miles de millones de dólares en la construcción de puentes que luego se destruyen por los huaicos, por la responsabilidad civil de las constructoras de construirlos mal, violando las normas técnicas vigentes.

Por último, el jurista dijo que la responsabilidad civil de las constructoras es un hecho “derivado de un comportamiento antijurídico imputable a dolo o culpa de esta empresas y solidariamente a las supervisoras y a quienes desde las Municipalidades hubieran tenido comportamientos omisivos en agravio del Estado, el Alcalde Luis Castañeda no puede afirmar con falsedad que la naturaleza supera la ingeniería, eso no es verdad los grandes puentes del mundo bien construidos resisten terremotos y huracanes, lo que pasa que en el Perú existe la cultura de dejar hacer y dejar pasar de malas autoridades municipales, en un sistema en donde Odebrecht nos ha demostrado que la corrupción es la regla y la honestidad y excepción, es por ello que los abogados del CAL exigimos que por seguridad jurídica se demande por la responsabilidad civil de las constructoras de estos puentes destruidos.

Por último, el Estado está notificado que en la jurisdicción arbitral existen un grupo de árbitros vinculados a los casos Odebrecht que siempre han fallado en contra del Estado y que deben ser investigados, es por ello que creo que con estos señores si siguen arbitrando corre en riesgo el patrimonio del Estado, es decir, no habría ninguna imparcialidad, es por ello, que me ratifico en que la Procuradora Anticorrupción, Dra. Julia Príncipe Trujillo debería solicitar vía medida cautelar que mientras duren las investigaciones del Ministerio Público todos los árbitros que tengan cuestionado su principio constitucional de inocencia por denuncias del Ministerio Público, sean suspendidos en todos los arbitrajes en vigencia, ya que si en el caso de la responsabilidad civil de las constructoras en agravio del Estado caemos en la cláusula arbitral con los llamados "árbitros Chicago Boys", no habrá ninguna seguridad jurídica para que el Estado gane un solo arbitraje, es por ello, que desde el Colegio de Abogados de Lima si es que llegamos al Decanato, plantearemos una nueva Ley de Arbitraje que terminará con estos grupos de poder arbitral que tanto daño le han hecho al Estado peruano.

Piden investigar arbitraje de Javier Belaunde, Fernando Cantuarias y Richard Miranda por 32 vehículos PNP

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(Aeronoticias) El abogado Iván Zuñiga Castro con Reg. CAL 41009, pidió al Congreso de la República y al Ministerio Público que investiguen el caso de la empresa israelí Hatehof, que violó el contrato con el Estado peruano actuando con dolo contractual, e incumpliendo sus obligaciones, en razón a que los vehículos portatropas que le vendió al Estado peruano no cumplían las especificaciones técnicas, lo que originó que el Ministerio del Interior resuelva el contrato, sin embargo el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima integrado por los árbitros Javier Belaunde López, Fernando Cantuarias Salaverry y Richard Miranda Tirado contra lo que dice el Código Civil en el Libro VII sobre Fuente de las Obligaciones, le da la razón a la empresa israelí en un claro caso de cosa juzgada arbitral fraudulenta que debe ser exhaustivamente investigada, ya que se tiene conocimiento que estos 3 árbitros tienen en un 80, 90 y 100% de fallos siempre contra el Estado, expresó el jurista.

Dijo, que en la investigación del diario La República se puso de manifiesto el abandono cerca del mar de Ventanilla de estos vehículos PNP, el tiempo, el polvo y la corrosión se están comiendo un lote de vehículos rompemanifestaciones y portatropas adquiridos el año 2009 a una empresa Israelí para las unidades policiales del VRAEM.

En el kilómetro 14.5 de la avenida Néstor Gambeta, en el Callao, se ubican los depósitos de "Chillón Almacenes Generales". En este lugar, cerca del mar de Ventanilla, 32 vehículos portatropas y multipropósito construidos para la Policía Nacional del Perú se oxidan y deterioran. Solo los visitan únicamente las palomas y otras aves voladoras que han hecho sus nidos allí.

La República ha podido observar, como se ve en las imágenes que acompañan esta información, que el óxido y el polvo acabaron con el brillo de las carrocerías. Las pesadas puertas de los vehículos blindados se han desprendido ganadas por la oxidación.

El aire escapó de las llantas y, en otros casos, parece que sujetos inescrupulosos se llevaron algunas autopartes, espejos retrovisores, llantas de repuesto y otros equipos de comunicación. Las baterías que quedan están inservibles.

Esperan a García

¿Qué hacen esos vehículos allí, mientras la delincuencia avanza por las calles de Lima en modernos y bien equipados autos Porsches y Audis del año? "Esos carros están allí desde hace años, los dejó el presidente Alan García para entregarlos a la policía cuando regrese a Palacio de Gobierno", asegura el guardia de seguridad privada que custodia el ingreso a los almacenes.

Aunque, ante una ruidosa llamada por radio, perdió la memoria y, tras pedirnos que nos retiremos, hasta el habla. Andrés Ramírez, supuesto jefe de almacén, nos mandó con la Policía Nacional o el Ministerio del Interior. Él no sabe nada de lo que se guarda en los almacenes, aseguró.

En el Mininter tampoco nadie sabe nada oficialmente de los portatropas. Es un asunto tabú, más en época electoral. Preguntando aquí y por allá y revisando los archivos, aclaramos que el guardia de seguridad está equivocado.

Los portatropas no fueron dejados en custodia por García Pérez, pensando en regresar a la presidencia, pero sí son parte de la historia de su segunda administración. Una historia tan llena de suciedad, dirían algunos, como están ahora los portatropas.

Los vehículos de uso policial están en los depósitos de "Chillón Almacenes Generales" desde junio del 2010. Casi seis años en abandono y el Estado adeuda un aproximado de 1'247,344.06 dólares por el almacenaje.

Una compra, una estafa

Los 32 portatropas y vehículos blindados que hoy se oxidan en el Callao son parte de un lote de 44 vehículos que en diciembre del 2009 la administración aprista pretendía comprar a la empresa israelí Hatehof para las unidades policiales de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, por un costo total de 11,099,000 dólares americanos.

Se trataba en total de 13 vehículos multipropósito blindado, denominado Wolf 1, por un valor de US$ 5'798,00 y 31 vehículos portatropas, denominados Wolf 2, por US$ 5'301,000.  La adquisición iba a buen ritmo hasta que en febrero del 2010 IDL Reporteros denunció que los vehículos Wolf 2 estarían sobrevalorados, al menos en dos millones de dólares.

Según IDL Reporteros, los Wolf 2 eran los mismos vehículos que al comienzo del segundo gobierno aprista el entonces ministro del Interior, Luis Alva Castro, había rechazado comprar al considerarlos sobrevalorados, al tener un precio de 107 mil dólares cada uno. En el nuevo contrato se les adquiría por 171 mil dólares.

El entonces ministro del Interior, Octavio Salazar, rechazó la denuncia periodística y siguió adelante con la adquisición. Para entonces ya se había adelantado un pago de US$ 4'439,600, que equivalía al 40% del monto del contrato, mientras que Hotehof había entregado una carta fianza por 554,950 dólares.

Se rompe el contrato

Sin embargo, en marzo del 2010 una Comisión Especial de la Policía viajó a Israel y descubrió que las especificaciones técnicas de los vehículos no eran las ofertadas, en cuanto al año de fabricación, transmisión y medidas de aro de las llantas.

El escándalo estalló a mediados de abril cuando trascendió a la prensa el referido informe de la comisión policial. Pero, en medio del griterío político, la división de abastecimiento de la policía dio la conformidad y los Wolf 1 y Wolf 2 fueron embarcados y llegaron a Lima y fueron desaduanados por la policía.

El contrato establecía como fecha límite de entrega el 10 de mayo del 2010. En medio del escándalo político y los pedidos de investigación en el Congreso, el 9 de mayo del 2010, por orden del presidente García y el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, el gobierno resolvió el contrato y ejecutó las cartas fianzas.

Batalla legal

En enero del 2014 concluyó la disputa legal con un fallo de la 2a Sala Civil de Lima, de la subespecialidad comercial, que ratifica los términos de un laudo arbitral de octubre del 2014. El laudo y los jueces dicen que ganó Hatehof y que el Perú debe pagar todo, hasta los gastos de almacén y quedarse con los vehículos oxidados.

Según diversas fuentes no oficiales en realidad se habría producido un empate. En otras palabras, la controversia sigue y el óxido seguirá corroyendo los vehículos.

El laudo arbitral, dictado por los árbitros de la Cámara de Comercio de Lima, Javier Belaunde López de Romaña, Fernando Cantuarias Salaverry y Richard Miranda Tirado, concluyó que el Perú no debió resolver el contrato, sino recibir los vehículos, lo que a juicio de los especialistas en derecho civil no procede ya que el Estado al resolver el contrato no tenía la obligación de recibir los vehículos, lo que podría originar a través de una investigación del Ministerio Público, las responsabilidades del Ley.

Luego, de ser el caso, devolverlos por incumplir las especificaciones técnicas.

Por eso, la gente del Mininter se declara ganadora. Interpreta que el laudo retrocede en el tiempo, al 10 de mayo del 2010. Según el laudo, ratificado por el Poder Judicial, el Perú debe devolver las garantías más intereses, pagar daños y perjuicios, los honorarios del tribunal arbitral y almacenaje, unos 12'929,949 dólares, más intereses.

Hatehof deberá entregar los 12 vehículos faltantes. Pero, como dijimos, en el Mininter aún confían en que pueden devolver los portatropas a la empresa israelí y que el acero de los vehículos resistirá la corrosión. Tal vez resistan, pero ¿y qué pasa con la corrupción?

Faltó verificar las características técnicas

El contrato con la empresa Hatehof establecía que a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, especialistas de la PNP efectuarían dos viajes a Israel. Solo se realizó un viaje a cargo del ex jefe de Logística de la PNP general Mario Obregón, quien constató que dos de los vehículos tenían doble numeración en el chasís y otras del 2007 y 2009.

El 6 de mayo del 2010, el mismo jefe de logística de la PNP, Mario Obregón, dio por superadas las observaciones y autorizó el embarque de los portatropas al Perú.

Los portatropas y blindados estacionados en los depósitos de la almacenera Chillón no se encuentran registrados en la base de datos de la PNP, aunque según los guardias de seguridad de los almacenes de vez en cuando unos policías se acercan a verificar que los       vehículos permanezcan en ese lugar.

Fuente: La República

 

Proponen a PPK D.S. de tarifas aéreas máximas por catástrofe que afecta al pueblo peruano

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(Aeronoticias) El candidato al Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) Julian Palacin Fernández, propuso al Presidente de la Republica Pedro Pablo Kuczynski y al Ministro de Transportes, Martin Vizcarra, que por razones de interés nacional y necesidad pública por los desbordes y huaycos que afectan a miles de ciudadanos peruanos, con el Voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se expida un Decreto Supremo que fije tarifas aéreas máximas a cobrar por los transportadores aéreos nacionales, de conformidad a la normatividad vigente prevista en el Artículo 84.2 de la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú.

Estas tarifas máximas se fijarían de acuerdo al Informe Técnico que tendría que emitir la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)  y su plazo será determinado y permitirá que la transportadora aérea de bandera de Chile LATAM no abuse en estas circunstancias de grave emergencia nacional con pasajeros indefensos que requieren salir de las zonas con desastre que han puesto su vida hacia el peligro.
El Artículo 84.2 de la Ley 27261 dice lo siguiente: “Excepcionalmente y por razones de interés nacional o de necesidad pública el Estado, mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, podrá fijar tarifas mínimas y máximas para el transporte aéreo nacional o internacional.  Esta intervención tendrá carácter extraordinario y su plazo será determinado en el Decreto Supremo respectivo.  Las tarifas mínimas y máximas se fijarán de acuerdo con el informe técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil”.
Por último, Julián Palacin Fernández dijo que el sufrimiento del pueblo peruano hoy nos hace recordar que teníamos razón en nuestra lucha hace más de 10 años por tener una línea aérea de bandera low costo, que podría tener 90% de capital privado y 10% capital del Estado, si la tendríamos el pueblo peruano no tendría los abusos de LATAM, que gana de miles de millones de dólares en el Perú, no invierte y tiene sometido al pueblo peruano.

Ministro Vizcarra: Construcción de aeropuerto de Chinchero se podría postergar

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(Aeronoticias) El proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero-Cusco, que demandará una inversión de US$ 525 millones, se podría postergar si la Contraloría lo recomienda, en medio de críticas por cambios en el contrato, afirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.

El contrato para construir el aeropuerto de Chinchero sufrió modificaciones mediante una adenda a inicios de este año, luego que el Gobierno encontró que su financiamiento con garantía del Estado era muy costoso.

Pero la Contraloría consideró que estos cambios implicaban “un riesgo potencial” al Estado porque se entregaría un adelanto de dinero al consorcio Kuntur Wasi, del holding argentino Corporación América y el peruano Andino Investment Holding (AIH) para iniciar las obras.

Vizcarra dijo que el cambio mediante una adenda evitaría que el precio del proyecto se duplicara: en vez de que el consorcio financie parte del proyecto con tasas de interés altas, el Estado le adelantaría pagos según avance la obra.

“Vamos a esperar y vamos a implementar lo que ellos (la Contraloría) digan”, señaló Vizcarra. “Finalmente si se tiene que postergar diremos que hicimos todo el esfuerzo para empezar este proyecto”, agregó.

Representantes en Lima del consorcio Kuntur Wasi no respondieron de inmediato a la consultas sobre el tema.

Vizcarra es criticado por la oposición que domina el Congreso, que lo ha interpelado para que responda cuestionamientos a la adenda. La fecha de la interpelación que estaba prevista para este jueves, ha sido postergada hasta nuevo aviso por los huaicos que están afectando al país.

Si no satisface a los legisladores en la interpelación, podría convertirse en el segundo ministro del presidente Pedro Pablo Kuczynski censurado por la oposición.

El escrutinio sobre la firma de los contratos del Estado ha aumentado en el país luego de que estalló un escándalo por la entrega de sobornos de la brasileña Odebrecht a funcionarios para ganar obras en el país.

Fuente: Infoturperú