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25052017

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Abogados de San Juan de Lurigancho apoyan candidatura de Julián Palacin al CAL

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(Aeronoticias) El abogado César Agugusto Mariños Izquierdo, Reg. CAL 18330, egresado de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en 1990, especializado en Responsabilidad extracontractual, Legislación tributaria y aduanera, expresó que crece el consenso en los abogados de San Juan de Lurigancho para que Julián Palacin Fernández sea elegido Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Mariños expresó, que se ha creado el Facebook de los abogados de San Juan de Lurigancho, para apoyar dicha candidatura que en las últimas elecciones tuvo más del 40% de los votos en un apurado conteo electrónico.

"Los abogados de San Juan de Lurigancho confiamos en el Plan de Desarrollo Institucional del candidato Palacin, que provee un seguro médico para los abogados, abogadas y sus familias, además de la construcción de la Torre CAL en nuestra sede institucional de Miraflores", dijo César Mariños.

Cusco pide que le devuelvan el terreno destinado al Aeropuerto de Chinchero

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(Aeronoticias) El gobernador regional del Cusco, Edwin Licona, anunció que tras la anulación del contrato del Aeropuerto de Chinchero, solicitará que los terrenos destinados a dicho proyecto pasen a manos de la región.

También cuestionó a al Gobierno Central, al Congreso y a la Contraloría de estar en contra de la construcción de dicha obra.

“Este aeropuerto no tiene nunca cuando empezar. Por lo tanto, vamos a solicitar la reversión inmediatamente de las 356 hectáreas de la zona de Chinchero al Gobierno regional del Cusco porque no vemos la intención de empezar este proyecto tan anhelado por los cusqueños”, afirmó la autoridad máxima de la región de Cusco.

Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de Chinchero, Constantino Sallo, anunció que se realizará un nuevo paro indefinido en Chinchero luego del anuncio de la cancelación del contrato para la construcción del aeropuerto de parte del Ejecutivo con Kuntur Wasi.

“Para nosotros es una traición, prácticamente una burla a la región de Cusco. Cuarenta años se ha esperado pacientemente este proyecto tan anhelado, de interés nacional y regional. Esto no puede quedar sin efecto”, declaró Sallo.

Cabe precisar que el 31 enero de este año, el Frente de Defensa de Chinchero ya había realizado un paro indefinido. Por aquel entonces en rechazo a la postergación de la firma de la adenda en el contrato, sin embargo esta decisión fue revertida tres días después por el ex ministro de Transportes, Martín Vizcarra.

Fuente: Infoturperú


CORPAC, puede construir el Aeropuerto de Chinchero

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(Aeronoticias) El 28 de Febrero del 2017 el Presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial (CCDACAL) del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Julián Palacin Fernández, expresó que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), podría construir como obra pública el Aeropuerto de Chinchero y el tiempo de dio la razón.

Mientras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no había una idea clara de la hoja de ruta, tres meses después el tiempo le dio la razón, es lamentable que hayan asesorado tan mal al Ministerio de Transportes, y el experto, quien además es ex Presidente de CORPAC, dijo que "uno de los graves problemas del MTC es que violando el mandato del artículo 13 de la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, hace más de 10 años,  un Ministro pro-LAN se le ocurrió cerrar la Comisión Consultiva de Aeronáutica Civil que es el Órgano Consultivo de la Autoridad de Aeronáutica Civil que debe admitir opinión y formular recomendaciones sobre asuntos vinculados a la Aeronáutica Civil y ésta Comisión dice el Artículo 13 de la Ley 27261, debe estar integrada por personas de reconocida capacidad y experiencia, si esta Comisión hubiese existido tal vez el MTC no hubiera cometido los errores en la adenda y en las negociaciones con Kuntur Wasi, que han entrado a una etapa en la cual podrían demandar al Estado peruano".

"Sucede que las personas que tienen capacidad, experiencia y trayectoria internacional en Aeronáutica Civil muchas veces son incómodas al Poder Económico que maneja el espacio aéreo peruano, es decir, quien defiende la Soberania del Perú y los derechos del Perú, no puede estar cerca del Poder porque en el Perú la Soberanía virtual la ejerce en el espacio aéreo los grupos del Poder", dijo Palacin.

Hace mas de 10 años que se pudo preparar las políticas para desarrollar la infraestructura Low Cost para que vengan la mayor cantidad de Low Cost del mundo y no se hizo, los Asesores complacientes del Ministro de Transportes durante 15 años hicieron 7 adendas al contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, todas a pedido de LAP y ninguna investigada, nadie en el Congreso de la República le ha preguntado al titular de Transportes en qué se han gastado mas de 2 mil millones de dólares desde el 14 de Febrero del 2001 producto del 46.51% de las regalías del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con LAP, cerraron, el aeródromo de Collique, violando la Ley y la Constitución y hablaron de hacer un Aeródromo en Grocio Prado y todo está en nada, no hay una política nacional que cree una Escuela de Aviación Civil y un Aeroclub en cada Región del país, necesitamos la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para el 2006 y llegaremos al 2026 sin ella, requerimos desarrollar el Proyecto del Gran Aeropuerto Internacional Low Cost de la Isla San Lorenzo y nadie hace nada, se necesitaba una señal del Estado de que para el 2021 no se le renovaría a LAP la cláusula monópolica de los 150 km. que le impida al Estado autorizar un nuevo aeropuerto y el MTC esta callado; ahora, que el país estaba ilusionado con la construcción del Aeropuerto de Chinchero en Cuzco para hacer una nueva Geopolítica de Aeropuertos del Sur del Perú, damos marcha atrás porque los que tuvieron que tomar las decisiones no defendían los intereses del Estado. Es por ello que soy de la opinión que muchas veces las opiniones incómodas, son positivas para el Poder, con la decisión de resolver el Contrato pierde el Perú, si hubiera tenido que asesorar, hubiera optado por negociar y anular la Adenda y como último recurso resolver el Contrato, en razón a que Kuntur Wasi puede ganarle el Arbitraje al Estado. En consecuencia hay que negociar, el Ministro de Transportes necesita un Comité Consultivo de Aeronáutica Civil y un Directorio de CORPAC de alto nivel y que tenga el valor de defender la Soberanía Aérea del Perú, planteando políticas de largo plazo que permitan no solo el desarrollo de la Industria Aérea Peruana sino que además nos garanticen la presencia creciente de la bandera del Perú en el mercado de Transporte Aéreo Internacional.

No nos sentimos conformes con el subdesarrollo de la Aviación Civil y de la Industria Aérea Peruana, queremos una Geopolítica de Aeropuertos para los próximos 100 años que tenga en el Aeropuerto de Chinchero el eje del desarrollo Socio-Económico de la región Macro Sur del Perú y creo que se debe negociar los estudios con Kuntur Wasi, debemos avanzar y estoy seguro que si a CORPAC con un Directorio de Alto Nivel, le dan la confianza como empresa de Estado a construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero lo hará a menor costo con mayor eficiencia y demostrando la capacidad y eficiencia aeroportuaria de esta empresa de todos los Peruanos que ha escrito las páginas más hermosas en la historia de infraestructura aeroportuaria Peruana.

Por último, Julián Palacin Fernández fue de la opinión que el Congreso de la República no puede censurar al Ministro de Transportes y Comunicaciones, Ing. Martín Vizcarra, errar es humano y el titular de esta cartera estuvo mal asesorado legalmente y es un buen cuadro del Gobierno de PPK en la reconstrucción, devuélvanle la confianza y él tendrá que enmendar los errores y garantizarnos que Chinchero si va, y recomendó que el Gobierno confie en CORPAC y en la DGAC, tenemos grandes profesionales y técnicos en aeropuertos, el Perú es un país respetado en Aviación, la Doctrina peruana de Derecho Aéreo es considerada en los ámbitos internacionales, es por ello que creo que podemos reformular la ruta y hacer realidad el sueño de los cusqueños y del Perú de construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero.

VER CONFERENCIA DE JULIAN PALACIN FERNANDEZ EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA SOBRE GEOPOLITICA DE LOS AEROPUERTOS DEL SUR
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Presentan Informe sobre el caso Korina Rivadeneira

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(Aeronoticias) La Vicepresidente de la Comisión Consultiva de Género, Igualdad y No Discriminación del Colegio de Abogados de Lima (CAL), la abogada Giuliana Grimaldo Ugarriza, Reg. CAL 36906, expidió un pronunciamiento jurídico dirigido al abogado y Superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla Echevarria, que es abogado y tiene Registro CAL 65082, que dice lo siguiente:

“PRIMERO: Rechazamos el acoso mediático y xenofóbico de los medios de comunicación y de algunas personas contra la joven de nacionalidad Venezolana Korina Rivadeneira, casada con el ciudadano Peruano Mario Hart y los actos jurídicos anticonstitucionales de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) que anulando el Carnet de Extranjería y sin respetar el debido procedimiento administrativo, en 5 horas ordenaron la expulsión del país de esta joven casada con un ciudadano Peruano”.

“SEGUNDO: La Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) bajo responsabilidad deberá aplicar al caso Korina Rivadeneira la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara en el precedente Expediente 02744-2015AA interpuesto por el Sr. Jesus Mesquita Olivera de nacionalidad Brasileña, estado de cosas inconstitucional por la falta de procedimiento migratorio sancionador”.

“TERCERO: Esta sentencia del TC, establece la obligación de la SNM de respetar los Derechos Constitucionales a la protección de la familia Hart-Rivadeneira, a su matrimonio, al debido proceso y a la defensa, así como la posibilidad de que ambos cónyuges cumplan con el deber y derecho de esposos de desarrollar una familia en el Perú y a futuro alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”.

“CUARTO: El TC en esta sentencia Exp. N. 2744-2015AA señaló que es innegable la relevancia constitucional que adquiere la situación de los migrantes cuya condición jurídica es irregular, pues tiene una especial condición de vulnerabilidad.  Y ello, porque, al no encontrarse en sus países de procedencia enfrentan diversas barreras, además de dificultades económicas y sociales y porque dada su situación de irregularidad, se encuentran expuestos a ser víctimas de violencia, xenofobia y otras formas de discriminación o trato inhumano y degradante, pese a lo cual evitan ponerse en contacto con las autoridades por el temor a ser puestas a detención migratoria y eventualmente deportada (Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución sobre Protección de Inmigrantes, A/RES/54/166, 24 de febrero del 2000 Preámbulo)”.

“QUINTO: En ese contexto el Tribunal Constitucional del Perú ha establecido que la política migratoria del Estado no puede soslayarnos premisas esenciales”.

“En primer lugar, que la entrada o residencia irregulares nunca deben considerarse delitos, sino tan solo faltas administrativas, por lo que el recurso a una eventual detención administrativa debe ser excepcional y siempre que dicha medida se encuentre prescrita por la ley, además de que sea necesaria, razonable y proporcional a los objetivos que se pretende alcanzar. La privación de libertad de un migrante en situación irregular solo se justificará cuando exista un riesgo inminente de que eluda futuros procesos judiciales o procedimientos administrativos o cuando la persona representa un peligro para su propia seguridad o para la seguridad pública; ello durante el menor tiempo posible y a partir de una evaluación individual de cada caso, con el respeto de las salvaguardias procesales que correspondan”.

“En segundo lugar, que los derechos humanos de los migrantes constituyen un límite infranqueable a su potestad migratoria”.

“En ese mismo sentido, y de acuerdo con la sentencia del caso Vélez Loor vs. Panamá, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que, en el marco de un procedimiento migratorio sancionador, resulta exigible reconocer a los extranjeros en situación irregular las siguientes garantías formales mínimas”:

“El derecho a ser informado expresa y formalmente de los motivos que dieron lugar a la imposición de la sanción administrativa (multa, salida obligatoria, cancelación de permanencia o residencia, o expulsión) y de los cargos en su contra, si los hubiere. La puesta en conocimiento puede darse mediante comunicación escrita dirigida al último domicilio registrado por el extranjero ante la autoridad migratoria, y contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, o en su defecto, al momento en que el extranjero en situación irregular se apersone a la autoridad competente para regularizar su permanencia en el país”.

“Aquí cobra especial importancia lo anotado respecto al carácter excepcional de la detención administrativa de un migrante en situación irregular, la cual solo se justificará cuando exista un riesgo inminente de que a futuros procesos judiciales o procedimientos administrativos y no se adviertan medidas alternativas menos lesivas que garanticen su comparecencia ante la autoridad migratoria, o cuando la persona representa un peligro para su propia seguridad o para la seguridad pública; ello durante el menor tiempo posible y a partir de una evaluación individual de cada caso, con el respeto de las salvaguardias procesales que correspondan”.

“La posibilidad de exponer y acreditar las razones que lo asistan en contra de la sanción administrativa impuesta”.

“La posibilidad de solicitar y recibir asesoría legal, incluso a través de servicio público gratuito de ser aplicable y, de ser el caso, traducción o interpretación, así como asistencia consular, si correspondiere”.

“En caso de decisión desfavorable, el derecho a someter su caso a revisión ante una autoridad competente e imparcial, la cual se encuentra obligada a resolver los recursos que correspondan dentro de un plazo razonable. El migrante puede recurrir por derecho propio o a través de un representante”.

“La eventual expulsión solo podrá efectuarse tras una decisión fundamentada conforme a la ley y debidamente notificada”.

“SEXTO: Bajo estos criterios, se tiene en el caso concreto de Korina Rivadeneira, ella titular de un Carnet de Extranjería expedido en el 2014 por la Superintendencia Nacional de Migraciones que se le anuló y en 5 horas se le hizo un procedimiento administrativo ante la Policía de Migraciones que no respeto las Normas del debido procedimiento establecido en el 1.2 de la


Ley 27444 que establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantía inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, y mediante Resolución de Superintendencia No. 000-101-2017-MIGRACIONES se le impuso la sanción de CANCELACIÓN DE LA RESIDENCIA a la extranjera venezolana Korina Rivaneira por haber supuestamente falseado documentación para obtener la calidad migratoria de TRABAJADORA, resolución que sería nula por lo siguiente”:

“NO se notificó a la extranjera venezolana Korina Rivadeneira el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, requisito indispensable para ejercer la facultad sancionadora, por lo que al no haberse iniciado el mismo, la imposición de la sanción resulta arbitraria”.

“NO se notificó el Atestado a la extranjera venezolana Korina Rivadeneria para que pueda presentar sus descargos de manera escrita, conforme lo manda la Ley No. 27444”.

“NO se ha permitido el ejercicio del derecho a la defensa de la extranjera venezolana Korina Rivadeneira”.

“La Gerencia de Servicios Migratorios sancionó a la extranjera venezolana Korina Rivadeneira por haber supuestamente falseado documentación para ser Turista y no para ser Trabajadora, por lo que el Superintendente, NO puede aplicar sanciones por motivos diferentes de los motivos indicados en el Recuso Impugnatorio, debido a la prohibición de reformatio in peius”.

“NO se ha diferenciado entre órgano instructor y órgano sancionador. El mismo Sr. Eduardo Sevilla afirma que “actuará en base al Informe emitido por la División de Extranjería”, lo que acarrea la validación de afirmaciones que no han sido corroboradas por el órgano sancionador”.

“NO se ha ordenó ninguna diligencia por parte de Migraciones, sancionando sólo en base al Informe emitido por la División de Extranjería. De esta forma, quien realmente está sancionando es la División de Extranjería y no la Superintendencia Nacional de Migraciones”.

“Las anteriores leyes de extranjería NO establecían cuál era la sanción por trabajar sin la calidad migratoria habilitante. La actual Ley de Extranjería (Decreto de Migraciones No. 1350) dispone que son conductas infractoras pasibles de multas el realizar actividades que no correspondan a la calidad migratoria, por lo que NO se ha aplicado el principio de retroactividad benigna. Siendo ello así, esperamos que el Superintendente Nacional de Migraciones cese y desista de la vulneración de los derechos fundamentales de la extranjera venezolana Korina Rivadeneira y declare la nulidad de su resolución”.

“NO se han respetado los principios recogidos en el Título Preliminar de la Nueva Ley de Extranjería, vigente al momento de la imposición de sanción: principio de integración del migrante; principio unidad migratoria familiar; principio de no criminalización de la migración irregular; principio de formalización migratoria”.

“NO se quiere iniciar de manera correcta el procedimiento migratorio sancionar conforme a la Nueva Ley de Extranjería, al otorgar esta norma mayores beneficios a los extranjeros”.


“Por lo que, estando a lo expuesto, se advierte principalmente que la extranjera venezolana Korina Rivaneira no pudo defenderse ni contradecir los cargos imputados porque no fueron notificados por la instancia administrativa correspondiente, con lo cual se vulneró el derecho constitucional a la defensa, establecido en el artículo 139°, inciso 14, de la Constitución Política del Perú de 1993, que establece el principio de que toda persona no puede ser privada del derecho de defensa en ningún estado del proceso, esto incluye también el proceso por faltas.

Sobre los alcances del derecho de defensa el Tribunal Constitucional en la STC 1941-2002-AA/TC ha establecido que, refiriéndose a los “el estado de indefensión opere en el momento en que, al atribuírsela la comisión de una acto u omisión antijurídicos, se le sanciona sin permitir ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, situación que puede extenderse a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se pueda promover”.

“Asimismo, se habrían vulnerado las siguientes normas”:

“El artículo 11°, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que toda persona acusada de un delito se le asegure todas las garantías necesarias para su defensa”.

“El artículo 14°, inciso 3, numeral d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indica que toda persona tiene derecho a hallarse presente en un proceso, a  defenderse y hacer asistida por un defensor de su elección, y si no tuviera defensor, el derecho que se le nombre un defensor de oficio”.

“El Artículo 8°, inciso 2, numeral d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece, que durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, al derecho del inculpado de ser asistido por un defensor de su elección o el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado”.

“Asimismo, el artículo 8°, inciso 2, numeral f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala, el derecho que tiene la defensa de interrogar a los peritos sobre la pericia realizada”.

“Que, en tal sentido, la sanción de salida obligatoria del país e impedimento de ingreso al territorio nacional, no puede ser impuesta a la ciudadana Venezolana sin respetarle la observancia a un debido proceso previstos en el Art. 139 Inc.2 de la Constitución Política del Perú”.

“Cualquier sanción a una ciudadana extranjera deberá considerar que en la actualidad está casada con el ciudadano Peruano Mario Hart, por lo que la sanción de expulsión del país significaría la separación física de su esposo y miembro de su familia”.

“SETIMO: Por otro lado, siguiendo el pensamiento jurisprudencia del  TC, consideramos que la sanción de la Superintendencia Nacional de Migraciones contra Korina Rivadeneira es desproporcionada y lesiva al interés superior de su actual esposo y no toma en cuenta su opinión sobre el alcance de la afectación que podría generar la ruptura matrimonial y familiar por la salida obligatoria con impedimento de ingreso esta joven Venezolana de 25 años de edad”.

“Si bien, conforme con las normas migratorias la sanción contra Korina Rivadeneira sería la  consecuencia de aplicación de las normas de extranjería, citando esta sentencia del  TC, consideramos que la Superintendencia Nacional de Migraciones no ha acreditado la existencia de motivos de interés público que tornen imprescindible la salida obligatoria del recurrente, máxime si no se ha valorado los lazos familiares de tener esposo ó conviviente, vía unión de hecho peruano quien se vería seriamente afectado con la medida”.

“OCTAVO: Por estas consideraciones, consideramos que la Superintendencia Nacional de Migraciones ha vulnerado  el derecho al debido procedimiento y el derecho de protección a la familia de Korina Rivadeneira y debe anular de oficio todos los actos administrativos que ha contravenido la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias, de lo contrario el Poder Judicial deberá hacer justicia sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de Ley de todos los funcionarios públicos que por acción u omisión se han prestado a violar los derechos constitucionales a residir en el Perú de Korina Rivadeneira”.

“NOVENO: Por último la actual Ley de Extranjería, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1236, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 2015, no regula las garantías formales y materiales que componen el derecho al debido procedimiento de los extranjeros sujetos a un procedimiento migratorio sancionador, pues no establece un procedimiento especifico que dote de garantías previas al migrante en situación irregular frente a la eventual imposición de una sanción administrativa en su contra”.

“DECIMO: El referido D. L.  en su Primera Disposición Complementaria Final establece que a los noventa días hábiles entrará en vigencia el Reglamento. Para tal efecto, mediante Resolución Suprema 015-2016-PCM, de fecha 22 de noviembre de 2015, se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar el proyecto del Reglamento, empero, hasta la fecha no se ha emitido la norma reglamentaria que supere el vacío normativo. Esta omisión en la regulación no solo da cuenta de la indiferencia del Estado frente a la protección jurídica que reconoce la Constitución a los migrantes, sino que resulta lesiva de su derecho al debido procedimiento”.

“DECIMO PRIMERO: Este razonamiento le permite en el precedente Jurisprudencial al TC colegir que la omisión normativa ha afectado no solo al demandante, sino que atañe a otros sujetos que se hallan en condiciones análogas. En razón de ello, el Tribunal considera necesario recurrir a la técnica del estado de cosas inconstitucionales a fin de dotar de efecto expansivo general a las consideraciones realizadas en esta ocasión”.

“DECIMO SEGUNDO: Al declarar el TC como un estado de cosas inconstitucional la falta de una norma legal o reglamentaria que regule un procedimiento unificado, claro y específico, donde se precisen las garantías formales y materiales de los migrantes sujetos a un procedimiento migratorio sancionador,  dispone que, en un plazo de tres meses, la Comisión Multisectorial, creada mediante Resolución Suprema 015-2016-PCM, en forma coordinada con la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Poder Ejecutivo, debe cumplir con expedir el informe técnico que contenga el proyecto normativo del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350”.

“DECIMO TERCERO: En conclusión somos de la opinión que los Actos Administrativos de la Superintendencia Nacional de Migraciones contra Korina Rivadeneira han contravenido la Constitución y en consecuencia son actos inválidos dictados contra el Ordenamiento Jurídico Peruano y deben ser anulados a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en la Constitución Política del Perú”.


 

TC declara inconstitucional la falta de procedimiento migratorio sancionador

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(Aeronoticias) El candidato al Decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL) 2018-2019, Julián Palacin Fernández, expresó que en el Expediente 02744-2015-AA, el Tribunal Constitucional (TC), establece la obligación de respetar los Derechos Constitucionales de la familia, en tal sentido exhortó al Ministro del Interior, Carlos Basombrio, a que a través de su Jefatura de Gabinete revise este precedente constitucional que debe cumplir el Poder Ejecutivo respetando los derechos constitucionales de todos los migrantes.

Es innegable la relevancia constitucional, dice la sentencia que adquiere la situación de los migrantes cuya condición jurídica es irregular, pues tiene una especial condición de vulnerabilidad.  Y ello, porque, al no encontrarse en sus países de procedencia enfrentan diversas barreras, además de dificultades económicas y sociales y porque dada su situación de irregularidad, se encuentran expuestos a ser víctimas de violencia, xenofobia y otras formas de discriminación o trato inhumano y degradante, pese a lo cual evitan ponerse en contacto con las autoridades por el temor a ser puestas a detención migratoria y eventualmente deportada (Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución sobre Protección de Inmigrantes, A/RES/54/166, 24 de febrero del 2000 Preámbulo)

En ese contexto el Tribunal Constitucional del Perú ha establecido que la política migratoria del Estado no puede soslayarnos premisas esenciales.

En primer lugar, que la entrada o residencia irregulares nunca deben considerarse delitos, sino tan solo faltas administrativas, por lo que el recurso a una eventual detención administrativa debe ser excepcional y siempre que dicha medida se encuentre prescrita por la ley, además de que sea necesaria, razonable y proporcional a los objetivos que se pretende alcanzar. La privación de libertad de un migrante en situación irregular solo se justificará cuando exista un riesgo inminente de que eluda futuros procesos judiciales o procedimientos administrativos o cuando la persona representa un peligro para su propia seguridad o para la seguridad pública; ello durante el menor tiempo posible y a partir de una evaluación individual de cada caso, con el respeto de las salvaguardias procesales que correspondan.

En segundo lugar, que los derechos humanos de los migrantes constituyen un límite infranqueable a su potestad migratoria.

I) En ese mismo sentido, y de acuerdo con la sentencia del caso Vélez Loor vs. Panamá, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que, en el marco de un procedimiento migratorio sancionador, resulta exigible reconocer a los extranjeros en situación irregular las siguientes garantías formales mínimas:

1. El derecho a ser informado expresa y formalmente de los motivos que dieron lugar a la imposición de la sanción administrativa (multa, salida obligatoria, cancelación de permanencia o residencia, o expulsión) y de los cargos en su contra, si los hubiere. La puesta en conocimiento puede darse mediante comunicación escrita dirigida al último domicilio registrado por el extranjero ante la autoridad migratoria, y contendrá copia íntegra de la resolución respectiva, o en su defecto, al momento en que el extranjero en situación irregular se apersone a la autoridad competente para regularizar su permanencia en el país.

Aquí cobra especial importancia lo anotado respecto al carácter excepcional de la detención administrativa de un migrante en situación irregular, la cual solo se justificará cuando exista un riesgo inminente de que a futuros procesos judiciales o procedimientos administrativos y no se adviertan medidas alternativas menos lesivas que garanticen su comparecencia ante la autoridad migratoria, o cuando la persona representa un peligro para su propia seguridad o para la seguridad pública; ello durante el menor tiempo posible y a partir de una evaluación individual de cada caso, con el respeto de las salvaguardias procesales que correspondan.

2. La posibilidad de exponer y acreditar las razones que lo asistan en contra de la sanción administrativa impuesta.

3. La posibilidad de solicitar y recibir asesoría legal, incluso a través de servicio público gratuito de ser aplicable y, de ser el caso, traducción o interpretación, así como asistencia consular, si correspondiere.

4. En caso de decisión desfavorable, el derecho a someter su caso a revisión ante una autoridad competente e imparcial, la cual se encuentra obligada a resolver los recursos que correspondan dentro de un plazo razonable. El migrante puede recurrir por derecho propio o a través de un representante.

5. La eventual expulsión solo podrá efectuarse tras una decisión fundamentada conforme a la ley y debidamente notificada. Si bien, conforme con las normas migratorias la sanciones sería la  consecuencia de aplicación de las normas de extranjería, citando esta sentencia del  TC, consideramos que la Superintendencia Nacional de Migraciones debe acreditar la existencia de motivos de interés público que tornen imprescindible la salida obligatoria de personas que son un peligro para la sociedad como serían terroristas, narcotraficantes, sicarios, etc.